• Martes 25 de junio de 2019


Violómetro, herramienta para fiscalizar al Congreso

Violómetro, herramienta para fiscalizar al Congreso

UNAM y CIDE, encabezan el proyecto

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Académicos de la UNAM  y del CIDE crearon la herramienta “Violómetro Constitucional”, con la finalidad de que los ciudadanos sean vigilantes del cumplimiento o no de las leyes por parte de los legisladores.

Con el “Violómetro Constitucional” se dará seguimiento en tiempo real a los casos en que los Senadores y los Diputados de la 63 Legislatura incumplan con los plazos establecidos para procesar una iniciativa y, en su caso, lograr su aprobación.

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Tal proyecto está encabezado por los académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Mauricio Merino y Ricardo Raphael, y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Roberto Duque (coordinador del proyecto), Miguel Carbonell, María Marván Laborde y Pedro Salazar.

“El Violómetro Constitucional es un instrumento digital que ofrece datos cronológicos y legislativos puntuales para medir, en tiempo real, las violaciones constitucionales en que incurre el Congreso de la Unión al no cumplir con sus obligaciones legislativas dentro de los plazos establecidos en la ley”, se lee en la plataforma de esta herramienta.

Uno de los argumentos para lanzar dicho instrumento es que la presión social que puede derivar este ejercicio de transparencia, dará como resultado un cambio de comportamiento de los legisladores.

Por ejemplo, uno de los indicadores del Violómetro, muestra que la legislación federal secundaria en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares debió ser aprobada desde el 7 de febrero de 2015, por lo que el tiempo de violación constitucional es de 6 meses, 24 días y contando.

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Asimismo, registra otras omisiones como la tardanza en la designación del magistrado que sustituya a Alejandro Luna Ramos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), o la tardanza para aprobar la Ley General de Aguas.

Asimismo, la Ley del Coneval tiene un retraso de un año seis meses, pues el  Congreso de la Unión tenía un plazo de 120 días para emitir la ley relativa al Coneval y no lo ha hecho.

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Fuente: DGCS, UNAM

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