Respeto a los derechos humanos permite restablecer el tejido social

La desigualdad es uno de los principales problemas que enfrentamos como sociedad y como país, pero si se retoma la ruta de los derechos humanos y con ella se busca que todos puedan tomar las decisiones vitales para su vida en un entorno adecuado, esto marcará la pauta para llegar a una sociedad más justa, incluyente y libre.

Así lo consideró el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, al ofrecer una conferencia magistral como parte del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales “Reflexiones del Mundo Contemporáneo desde las Ciencias Sociales Estudios y Aportaciones”.

Más allá de ideologías, el tema de derechos humanos es lo que permitirá recobrar esa cicatrización como país, el restablecimiento del tejido social porque, más allá de las ideologías, si nos centramos en el respeto de los derechos humanos podremos avanzar.

El autor de “Autonomía Universitaria y Universidad Pública”, “El autogobierno universitario” y “Tópicos de derechos universitarios” compartió que la igualdad entre las personas se basa directamente en el ejercicio de las garantías inalienables, por lo que el Estado debe asegurar un entorno adecuado para el desarrollo de las personas y el ejercicio de estas prerrogativas.

Durante la conferencia, organizada por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, el abogado comentó que la corrupción debe ser combatida, del pasado y del presente, pues el cumplimiento de la ley no debe estar inmerso en cuestiones ideológicas.

González Pérez consideró que combatirla implica luchar contra la impunidad y para ello se requiere de políticas integrales, lo que demanda órganos de procuración de justicia eficaces, fiscalías autónomas, además de que cuenten con la infraestructura y recursos para investigar y llevar a los responsables ante los jueces y comentó.

Las decisiones deben ser integrales y cada poder público debe hacer lo que le toca, y que los contrapesos sean efectivos; es decir, que los contrapesos de los poderes públicos y que los organismos autónomos cumplan con el ejercicio autonómico de sus atribuciones.