Sin educación, acciones para la inclusión de discapacitados terminarán por segregarlos
La profesora Georgina Alicia Flores Madrigal, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que en aras de lograr la inclusión de las personas con discapacidad se han tomado medidas que, idealmente, deberían promover igualdad con oportunidades reales, pero al no ir aparejadas de estrategias para sensibilizar a la sociedad podrían resultar contraproducentes y segregar e invisibilizar a la población que originalmente buscaban proteger.
La doctora Flores nació con una discapacidad que le hace necesaria una andadera metálica para caminar y, por lo mismo, dice conocer de cerca las barreras que obstaculizan el día a día de alguien que vive con limitaciones —desde las arquitectónicas hasta las erigidas sobre prejuicios— y tener buen ojo para detectar cómo hacen éstas para pasar inadvertidas para las mayorías, pues responden a estructuras reproducidas a través de generaciones, son aprendidas por todos desde la infancia y suelen asumirse como algo natural.
Dentro de las medidas encaminadas a aminorar brechas y eliminar escollos figura el artículo 24 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el cual señala que la administración pública capitalina debe destinar el cinco por ciento de sus plazas de creación reciente y sus vacantes a individuos con discapacidad, y dar incentivos fiscales a las empresas, industrias y comercios que se sumen a este tipo de contrataciones.
Sin embargo, así como hay muchos hombres molestos por las secciones exclusivas para mujeres en el Metro y Metrobús, también hay un gran número de inconformes con tales acciones afirmativas, algo que para la doctora Flores es lógico, pues aplicarlas implica arrebatar privilegios a sectores que los habían detentado de siempre.
No obstante, agrega la también profesora de la Facultad de Derecho, pareciera que en México se cumplen las normas en la forma y no en su espíritu y, para darnos cuenta de ello basta con revisar los empleos ofrecidos a la gente con alguna discapacidad: casi todos se concentran en los escalafones más bajos y prácticamente nunca contemplan cargos directivos o gerenciales.
Además de las específicas de cada estado, México cuenta con una Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, analizada por la profesora Flores en un artículo de 1998, cuando su primera versión fue promulgada.
Sobre este punto la universitaria señala que, aunque nuestra legislación en la materia es reconocida a nivel mundial y pese a nuestra tendencia a firmar cuanto tratado en derechos humanos existe, aquello planteado en las leyes como fin, se concreta rara vez.
Podrán aplicarse todas las acciones afirmativas del mundo, las mejores políticas públicas y cuantiosos presupuestos y no se logrará una inclusión verdadera si la gente no cambia de actitud. Aquí la palabra clave no es reeducar, sino sensibilizar; eso por sí solo nos llevará a enderezar muchas dinámicas culturales, indica Alicia Flores.
Fuente: UNAM Global
